Investigan a 14 servidores públicos por posibles irregularidades en casos de despojo
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) mantiene abiertas ocho carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades cometidas por 14 servidores públicos durante la atención de casos de despojo inmobiliario.
La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que las denuncias fueron presentadas entre el 5 y el 23 de agosto y actualmente son investigadas por el área de Asuntos Internos de la institución.
Durante su informe mensual de actividades, explicó que entre los señalados se encuentran agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada y de unidades territoriales. Precisó que las investigaciones contemplan diferentes situaciones, desde posibles omisiones y retrasos en los procedimientos hasta señalamientos de otro tipo de irregularidades.
Alcalde Luján aseguró que la Fiscalía no encubrirá a ningún funcionario y que se investigarán posibles actos de corrupción u omisiones dentro de la institución.
En el mismo periodo, la FGJ recibió 214 denuncias relacionadas con despojo inmobiliario. De estas, cinco correspondieron a casos con violencia, 29 sin violencia, 130 permanecían en revisión y 50 no fueron considerados como delito. Además, se reportó la detención de 35 personas.
La fiscal explicó que una de las formas más frecuentes de cometer este delito consiste en ingresar de manera furtiva a inmuebles que se encuentran desocupados. En estos casos, los responsables suelen entrar a las viviendas y cambiar las cerraduras para tomar el control del inmueble.
Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza concentran el mayor número de denuncias.
Asimismo, durante las investigaciones se ha detectado la posible participación de organizaciones sociales y grupos delictivos en algunos casos, entre ellos la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos.
Ante este panorama, la Fiscalía anunció que buscará fortalecer las áreas encargadas de investigar estos delitos mediante la incorporación de más agentes del Ministerio Público y detectives de la Policía de Investigación.
También se pretende reforzar los mecanismos alternativos de solución de controversias en aquellos casos donde la legislación lo permita, con el objetivo de agilizar la atención a las personas afectadas.
