Ordena Tribunal continuar proceso penal relacionado con Grupo Herdez
Ciudad de México. – El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó que continúe el proceso penal relacionado con la presunta extorsión contra Grupo Herdez mediante juicios laborales que la empresa señaló como falsos, luego de dejar sin efectos el desistimiento presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
Por unanimidad, los magistrados concedieron a Grupo Herdez una suspensión definitiva con efectos restitutorios, con lo que determinaron que el desistimiento de la acción penal presentado por la Fiscalía no debe surtir efectos y que el procedimiento continúe ante el juez que conozca del caso.
El desistimiento fue presentado durante una audiencia intermedia celebrada el 19 de mayo de 2026. En ese momento, la FGJ-CDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, argumentó que existían irregularidades en el caso y que no contaba con elementos suficientes para continuar con la acusación.
La resolución del tribunal establece que el proceso debe continuar en los términos en que se encontraba antes del desistimiento.
El caso está relacionado con la abogada laboralista Irene León Escamilla, quien fue detenida en octubre de 2024 y vinculada a proceso por el delito de fraude procesal en pandilla, con prisión preventiva justificada como medida cautelar.
El procedimiento penal se encontraba avanzado cuando la Fiscalía decidió desistirse de la acción penal en mayo de este año. Posteriormente, Grupo Herdez impugnó esa determinación y llevó el asunto ante la justicia federal.
De acuerdo con información publicada sobre el expediente, existe además una causa penal federal relacionada con los mismos hechos y contra las mismas personas, mientras que el asunto derivado del desistimiento de la Fiscalía capitalina pasó a conocimiento de autoridades federales.
Con la resolución del Tribunal Colegiado, el desistimiento de la FGJ-CDMX queda sin efectos y el proceso deberá continuar ante la autoridad judicial competente. La determinación no implica, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal, por lo que el procedimiento deberá seguir su curso.
