Defensa de García Luna apela condena de 38 años y busca anular el juicio en EU
Nueva York, EE. UU. -La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, presentó una apelación formal contra el juicio y la condena de 38 años de prisión dictada por una corte federal de Nueva York, al sostener que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades desde su inicio.
El recurso fue ingresado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y tiene como objetivo principal que se anule el juicio. De manera alternativa, los abogados solicitaron que se ordene la reposición total del procedimiento, bajo el argumento de que se violaron garantías fundamentales del debido proceso.
En el documento, la defensa afirma que el caso estuvo “contaminado” por prácticas indebidas, entre ellas la presentación de testimonios falsos y la exclusión de evidencia que habría sido favorable para el exfuncionario mexicano. Según los abogados, estas condiciones impidieron que el jurado analizara los hechos de forma objetiva e imparcial.
Uno de los puntos centrales de la apelación se enfoca en la credibilidad de testigos clave utilizados por la fiscalía. La defensa señala contradicciones en sus declaraciones, particularmente en relatos sobre presuntos encuentros y hechos que no coinciden con registros médicos, documentos oficiales ni cronologías verificables.
Asimismo, cuestionan que algunos de estos testigos hayan recibido beneficios legales a cambio de cooperar, pese a que sus versiones —afirman— no pudieron ser corroboradas o resultaron inconsistentes con otras pruebas disponibles.
Otro de los argumentos expuestos es la presunta omisión de información relevante por parte de la fiscalía. La defensa sostiene que existían evaluaciones de antecedentes, revisiones institucionales y contactos oficiales con agencias estadounidenses que no detectaron irregularidades atribuibles a García Luna, pero que nunca fueron presentados ante el jurado.
Además, denuncian que no se informó oportunamente que al menos uno de los testigos cooperantes habría continuado cometiendo delitos mientras negociaba acuerdos con las autoridades de Estados Unidos.
El escrito también cuestiona la conducción del juicio, al acusar al juez de haber limitado el contrainterrogatorio de testigos protegidos, lo que —según la defensa— afectó el derecho a la confrontación. A ello se suma la admisión de pruebas que consideran altamente perjudiciales, como imágenes de bienes que, aseguran, no tenían relación directa con los delitos imputados.
Finalmente, la apelación impugna la severidad de la sentencia. Los abogados califican como desproporcionada la condena de 38 años de prisión, así como la multa económica impuesta, al señalar que se sustentó en hechos no plenamente acreditados y en criterios que no guardan proporción con otros casos similares.
