Estados Unidos destina más de 23 millones de dólares para fortalecer la justicia laboral en México

Ciudad de México. – Estados Unidos anunció el pasado martes 13 de enero la asignación de más de 23 millones de dólares para continuar con el apoyo a la consolidación del sistema de justicia laboral en México.
“Estos proyectos se enfocan en combatir prácticas antilaborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para los trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad en Norteamérica”, celebró la Embajada de Estados Unidos en México a través de una publicación en la red social X.
El financiamiento fue formalizado mediante un comunicado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De este monto, 15.4 millones de dólares serán otorgados a la organización Partners of the Americas, mientras que 8 millones de dólares se destinarán a Creative Associates International.
El objetivo de estos recursos es fortalecer la aplicación de la ley laboral en México y garantizar que el comercio bilateral beneficie tanto a “los trabajadores como a las empresas estadounidenses”.
De acuerdo con el comunicado oficial, los proyectos —que serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés)— buscan respaldar los esfuerzos conjuntos con el Gobierno de México, el sector privado y los trabajadores para impulsar el cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el acuerdo comercial.
Las iniciativas estarán enfocadas en combatir prácticas que “distorsionan la competencia y otorgan ventajas injustas a malos actores”, afectando el empleo y los salarios en Estados Unidos.
Estas acciones se concentrarán en sectores prioritarios del T-MEC en México, los cuales compiten directamente con empresas estadounidenses, donde una aplicación deficiente de la ley laboral puede “socavar” el empleo y los ingresos en el país vecino.
México reformó su sistema de justicia laboral en 2019 para cumplir con los compromisos establecidos en el T-MEC, dando paso a un nuevo modelo basado en la conciliación y la operación de tribunales laborales especializados.



