Solicitan protección para acusado del caso Edith Guadalupe
Ciudad de México. – La defensa de Juan Jesús “N”, imputado por el feminicidio de Edith Guadalupe, solicitará medidas de protección al interior del sistema penitenciario al considerar que el acusado se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a la naturaleza del delito que se le atribuye.
El implicado permanece en el Reclusorio Norte, específicamente en el área de ingreso, donde autoridades penitenciarias han reforzado la vigilancia como parte de los protocolos de seguridad.
De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, los centros de reclusión en la capital mantienen monitoreo permanente las 24 horas, con personal de custodia y herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad de la población interna.
Juan Jesús “N” fue vinculado a proceso la semana pasada y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Ante este escenario, su defensa solicitó al juez de control que instruya a la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementar medidas precautorias para salvaguardar su integridad física y emocional.
El caso se da en un contexto de sobrepoblación en el Reclusorio Norte, que cuenta con una capacidad aproximada de 5,430 espacios, pero alberga a una población que supera los 7 mil internos, lo que representa un nivel de ocupación superior al 60 por ciento.
Esta situación, reconocen autoridades, puede dificultar el control total dentro del penal y aumentar el riesgo de conflictos entre personas privadas de la libertad, por lo que la defensa busca prevenir cualquier posible agresión contra el imputado.
En paralelo, durante una audiencia reciente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un juez calificó como legal la intervención de agentes de investigación y peritos en el inmueble donde fue localizado el cuerpo de la víctima, ubicado en la Torre Murano.
Aunque el ingreso se realizó sin una orden de cateo, la autoridad judicial validó la actuación al considerar que se ajustó a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite este tipo de intervenciones en casos de urgencia, como riesgo a la vida o posible pérdida de evidencias.
