“No hay nada legal que obligue a vigilarlos”: Sheinbaum sobre acusados por EU
Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación relacionada con las ocho personas de Sinaloa acusadas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha, actualmente no existe ninguna obligación legal para que el gobierno federal mantenga vigilancia especial sobre ellos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que Rubén Rocha permanece en su domicilio en Sinaloa bajo resguardo de la Guardia Nacional, y explicó que la orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses activó fichas rojas de Interpol, lo que permitiría su detención en otros países si alguno de los implicados abandona territorio mexicano.
“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de Interpol. Entonces, si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja, pudieran llegar a detenerlos”, señaló Sheinbaum.
No obstante, aclaró que mientras las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, no existe disposición jurídica que obligue al gobierno mexicano a implementar vigilancia especial sobre los señalados.
La presidenta también indicó que no cuenta con información respecto a que el senador Enrique Inzunza, igualmente requerido por autoridades estadounidenses, haya solicitado protección de la Guardia Nacional.
Asimismo, reiteró que los dos ex funcionarios de Sinaloa que ya se encuentran en Estados Unidos se entregaron por decisión propia y precisó que, hasta el momento, no han solicitado apoyo consular al gobierno mexicano.
Sheinbaum descartó además que el tema vaya a ser abordado durante la reunión que sostendrá con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), Markwayne Mullin.
“No tendría por qué”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la posibilidad de discutir el caso con el funcionario estadounidense.
