Avala SCJN revisión a candidatos por posibles vínculos delictivos
Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que el mecanismo de evaluación para detectar posibles vínculos delictivos no establece nuevos requisitos de elegibilidad ni impide el registro de aspirantes.
El Pleno de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con lo que desechó la impugnación promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra esta medida.
La comisión permite realizar, de manera voluntaria y confidencial, una revisión de aspirantes cuando exista un “riesgo razonable” de posibles vínculos con actividades delictivas. La SCJN determinó que el mecanismo tiene un carácter preventivo e informativo y que sus resultados no son vinculantes para determinar si una persona puede ser registrada como candidata.
Durante la sesión, Ortiz Ahlf sostuvo que la evaluación no constituye una causa de inelegibilidad ni representa un requisito adicional para quienes buscan contender por un cargo de elección popular.
La controversia surgió luego de una reforma publicada el 2 de junio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El partido argumentó que el mecanismo podía afectar el derecho a ser votado y vulnerar la presunción de inocencia, debido a que la negativa de un aspirante a someterse a la evaluación podría generar sospechas y afectar públicamente su candidatura.
Sin embargo, la Corte concluyó que la participación es voluntaria y que los resultados no determinan por sí mismos el registro de una candidatura.
El procedimiento contempla que partidos políticos o aspirantes independientes, con autorización de la persona evaluada, sometan determinados perfiles a revisión. Posteriormente, la Comisión puede remitir la información a instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras para determinar si existe algún riesgo relacionado con posibles actividades delictivas.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que, después de recibir los dictámenes de las distintas dependencias, la información es devuelta a la Comisión y posteriormente a los partidos, quienes decidirán si toman en cuenta esos elementos al momento de registrar a sus candidatos.
Durante el debate, el ministro Giovanni Figueroa planteó que las autoridades de seguridad únicamente informaran al INE sobre posibles vínculos delictivos cuando los indicios también hubieran sido presentados ante un juez para solicitar la vinculación a proceso. La propuesta buscaba evitar que información que no hubiera llegado a una instancia judicial pudiera influir en el registro de una candidatura, pero no fue aprobada.
