Gobierno de Trump pide investigar eutanasia de Noelia Castillo
Madrid, España. – La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó investigar el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la legislación vigente en España, informó el diario New York Post.
De acuerdo con el medio, funcionarios estadounidenses —que hablaron bajo condición de anonimato— señalaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid a recabar información sobre el proceso mediante el cual se autorizó la muerte asistida.
Las autoridades estadounidenses expresaron inquietud sobre posibles fallas en los mecanismos de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la legislación en casos que no involucren enfermedades terminales o que puedan incluir condiciones psiquiátricas.
Según los reportes citados por el medio, también se señaló que la joven habría manifestado dudas sobre el procedimiento en algún momento del proceso, lo que generó preocupaciones relacionadas con derechos humanos.
Noelia Castillo falleció la semana pasada en Sant Pere de Ribes, tras recibir la eutanasia luego de un proceso judicial que se prolongó por más de un año y medio.
La joven, quien padecía paraplejia, había obtenido la autorización para el procedimiento en julio de 2024; su solicitud fue evaluada y aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo independiente encargado de analizar cada petición conforme a lo establecido en la legislación española.
El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, declaró que mantuvieron la esperanza de que la joven reconsiderara su decisión “hasta el último momento”, aunque finalmente el procedimiento se llevó a cabo.
Por su parte, tanto el juzgado que autorizó inicialmente la eutanasia como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que durante el proceso no se detectó una falta de capacidad para tomar la decisión y que la solicitud de muerte asistida se había mantenido firme desde abril de 2024.
El caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España y sobre los mecanismos de supervisión para garantizar que las solicitudes se realicen de manera libre e informada.
