Alertan por deterioro de edificio afectado por sismo de 2017
Ciudad de México. – La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil determinó que existe un alto riesgo en un edificio ubicado en Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, inmueble que resultó afectado por el sismo de 2017.
El edificio comenzó un proceso de rehabilitación en 2024 por parte del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, los trabajos fueron suspendidos luego de que residentes que ocuparon algunos departamentos después de ese año promovieran recursos legales para detener las obras.
Una nueva evaluación de las condiciones del inmueble estableció que el sector presenta un nivel muy alto de peligro por sismicidad. El documento también señala que durante 2024 se registró un movimiento telúrico a aproximadamente 258 metros del edificio.
Entre las afectaciones identificadas se encuentra una pérdida de verticalidad del inmueble, con una inclinación hacia las calles Patricio Sanz y Torres Adalid. También fueron detectadas fracturas en muros de hasta un centímetro, además de fisuras en columnas de las áreas interiores y exteriores.
La evaluación también documentó daños en descansos y muros de las escaleras, entre otras vulnerabilidades que, de acuerdo con la revisión, representan factores de riesgo para el inmueble.
Los condóminos que habitaban el edificio desde antes habían advertido sobre un deterioro progresivo de los daños ocasionados por el sismo de 2017 y habían solicitado que se retomaran las obras de rehabilitación.
En medio de la disputa, la jueza decimoprimera de Distrito en Materia Administrativa, María Elena Lugo del Castillo, concedió un amparo a residentes que se oponen a los trabajos, lo que contribuyó a mantener detenida la intervención.
El concejal de Morena en Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya, cuestionó públicamente a los diputados panistas Federico Döring y Federico Chávez por respaldar a quienes rechazan la rehabilitación.
Torres Zumaya sostuvo que las acciones emprendidas por los comités de administración y vigilancia buscan que el inmueble sea declarado inhabitable y se ordene su evacuación temporal como medida de seguridad.
El concejal también acusó a los legisladores de presentar a los residentes que se oponen a la rehabilitación como víctimas de un supuesto intento de despojo.
Además, señaló que la situación podría estar relacionada con intereses inmobiliarios y acusó a los nuevos residentes de no poder acreditar la propiedad de los departamentos, aunque estas afirmaciones forman parte de sus señalamientos y no han sido acreditadas en la información proporcionada.
Torres Zumaya advirtió que el deterioro del inmueble podría terminar afectando a los propietarios originales y acusó a grupos vinculados con el llamado “cártel inmobiliario” de Benito Juárez de tener interés en el conflicto.
Mientras continúa la disputa legal, las autoridades mantienen bajo revisión las condiciones estructurales del inmueble, en un contexto marcado por los daños que arrastra desde el terremoto de 2017.
