Sheinbaum: exembajador de EU reconoce que no hay pruebas contra López Obrador
Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respaldan la postura del Gobierno federal al señalar que no existen pruebas que vinculen al expresidente Andrés Manuel López Obrador ni al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con grupos del crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que solo ha visto una parte de la entrevista concedida por el exdiplomático a un medio de comunicación estadounidense; sin embargo, destacó que en ella Salazar reconoce no contar con indicios que involucren a Rocha Moya en actividades delictivas y, además, expresa respeto hacia el exmandatario mexicano.
Sheinbaum señaló que uno de los puntos más relevantes de la entrevista es que el propio exembajador descarta tener evidencia de que el Gobierno de López Obrador haya protegido a organizaciones criminales, lo que, dijo, contradice los señalamientos realizados por sectores de la oposición.
No obstante, indicó que aún persisten inconsistencias en torno a la versión relacionada con el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, particularmente por el uso de la aeronave en la que fue llevado a ese país, asunto que, recordó, generó diferencias entre ambos gobiernos por una posible violación a la soberanía mexicana.
La presidenta sostuvo que las declaraciones de Salazar deben tomarse como fueron expresadas, al reiterar que el exembajador reconoció no tener pruebas sobre presuntos vínculos entre el Gobierno mexicano y el crimen organizado.
Respecto a declaraciones realizadas en el pasado por el fallecido político Porfirio Muñoz Ledo, quien llegó a señalar supuestos nexos entre el gobierno anterior y grupos delictivos, Sheinbaum consideró que esas afirmaciones respondían más a diferencias políticas que a evidencias concretas.
Finalmente, reiteró que tanto la administración de López Obrador como la actual mantienen una política de combate a la delincuencia sin establecer acuerdos con organizaciones criminales y aseguró que las detenciones se realizan conforme a la ley, sin proteger a ninguna persona.
