Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo por Huachicol y tráfico de armas.
Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de las acciones de certamen Miss Universo, cuenta con una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado. El empresario mexicano se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de la orden en su contra.
De acuerdo con información compartida por el periodista Carlos Loret de Mola a través de su cuenta de X, Rocha Cantú se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas.
Lo anterior coincide con la investigación presentada por Reforma que señala que la FGR considera a Rocha Cantú como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos que cruza por el río Usumacinta y que posteriormente es trasladado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. El empresario, menciona, funge desde 2022 como cónsul honorario de Guatemala en México.
El medio señala que la investigación de la Fiscalía comenzó el 29 de noviembre de 2024, a partir de una denuncia anónima que detallaba nombres de presuntos cómplices y supuestos nexos con Rocha.
En la denuncia también se indicó que el grupo traficaba armas desde Guatemala hacia organizaciones criminales en México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Conforme a la información obtenida por Reforma, el pasado 6 de agosto, la agente Yazmín Mayoral Marín, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó ante un juez federal de Almoloya de Juárez la orden de aprehensión por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud, tráfico de armas y de hidrocarburos.
El juez se declaró incompetente y turnó el caso a un juzgador de Querétaro, señala el reporte. Fuentes federales afirmaron al diario que, mientras un tribunal analizaba la competencia, Rocha Cantú se acercó a la FGR para pedir un criterio de oportunidad, con lo que buscaba “convertirse en un testigo protegido”, refiere el medio.
Según Reforma, la FGR intervino teléfonos en diciembre del año pasado y comenzó a escuchar negociaciones sobre armas y huachicol en Guatemala. El nombre de Raúl Rocha habría aparecido en diversas conversaciones de presuntos traficantes, confirmándose su identidad en una llamada intervenida el 28 de diciembre, clasificada como “evento 256”.
La investigación apunta que el combustible contrabandeado era almacenado en dos inmuebles ubicados en Querétaro: Quinta La Chingada y La Espuela, este último presuntamente vinculado a Rocha Cantú. La relación se estableció luego de que, durante un cateo el 22 de febrero, la FGR aseguró un disco duro que contenía un contrato de compraventa del inmueble, firmado en favor de BSE Combustibles, empresa representada por Rocha.
Ese mismo día, otro cateo en una residencia en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, permitió encontrar notas sobre presuntas aportaciones del empresario a la organización criminal, por hasta 2.1 millones de pesos, así como números de cuenta que habrían sido usados para depositar ganancias ilícitas.
Modus operandi de las presuntas operaciones para el narco por el dueños de Miss Universo
La FGR detalló que la organización bajo la titularidad de Rocha Cantú operaba a través de centros logísticos localizados en Querétaro.
La bodega “La Espuela”, ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carrotanques con combustible de origen ilícito o provenientes de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como “El Patio” para mejorar la presentación y calidad del producto final.
El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUIMAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.
“El producto final se distribuía a empresas dedicadas al transporte y comercialización, con documentación fabricada”, señala Loret de Mola.
Estas maniobras permitieron a la red eludir controles fiscales y aduanales, incrementando la dificultad para rastrear el origen del combustible.
En cuanto al tráfico de armas, la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad identificó empresas de seguridad privada empleadas para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal.
Compañías como SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V. formaban parte de la estructura.
Estas empresas intercambiaban armamento entre sí con la colaboración de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Hasta el momento ni Rocha Cantú ni representantes del certamen se han proporcionado al respecto
